Desde el 2008, la autoridad electoral aprueba periódicamente criterios y normas administrativas sobre la imparcialidad que deben observar gobernantes y servidores públicos en general, frente a los procesos electorales. Eso no significa impedir la libertad de conciencia o militancia política, sino mantener nivelada y equitativa la cancha de competencia comicial para todas y todos, evitando
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