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En las elecciones de 2024, las más grandes en la historia del país, ninguna persona agresora sexual, deudora de pensión alimenticia o que ejerza violencia familiar podrá ser registrada como candidata para ocupar un cargo de elección popular; esto es gracias a la Ley 3 de 3 contra la violencia, que entró en vigor el 29 de mayo y que también establece estas restricciones para obtener un empleo o cargo en el servicio público.